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Empleo público para personas con discapacidad intelectual Diputación Foral de Gipuzkoa

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Lectura facil

La Diputación de Gipuzkoa ha convocado 3 plazas de oficial de archivo y servicios generales

para personas con discapacidad intelectual.

En marzo comenzarán las pruebas.

 

Esta Diputación ya tenía experiencia con trabajadores y trabajadoras

con discapacidad intelectual,

pero ahora quería dar un paso más

y que fueran funcionarias. 

 

La Diputación de Gipuzkoa ha contado con la colaboración de las asociaciones

para resolver algunas dudas que tenían

sobre la titulación, el euskera, el temario, la lectura fácil y otras.

Esta convocatoria específica se enmarca dentro de la OPE General 2018 de Diputación Foral de Gipuzkoa, que incluye 12 convocatorias a diferentes plazas a la Administración, entre ellas la de tres puestos de oficial de archivo y servicios generales reservados para personas con discapacidad intelectual. La Diputación no parte de cero con esta iniciativa, su apuesta por el empleo de personas con discapacidad viene de atrás. “Teníamos antecedentes a través del programa Pauso Berriak de Atzegi. En estos momentos también tenemos tres compañeros y compañeras con discapacidad por un Convenio de colaboración con Gureak. Sin embargo, queríamos dar un paso más incorporándolas como funcionarias de carrera, como cualquier otra trabajador o trabajadora que accede a la Función Pública por la vía ordinaria”, detalla Aitor Leturiondo, Jefe de Servicio de Función Pública de Diputación Foral de Gipuzkoa

Por ello, en junio de 2017 se firmó un convenio con Gureak inklusio Fundazioa cuyo objeto era determinar qué puestos de trabajo de los existentes podrían ser ofertados en una convocatoria específica para este grupo de personas, hay que tener en cuenta que Diputación cuenta con 1.800 trabajadores de diferentes perfiles profesionales. “Para emprender este análisis de puestos de trabajo, Gureak puso a nuestra disposición un ingeniero de procesos que valoró aquellos que podían ser desempeñados por personas con discapacidad intelectual. Llegamos a la conclusión de que no existían puestos tipo que encajaran perfectamente con las características de estas personas, así que optamos por crear tres nuevos”, explica Leturiondo. Esta nueva categoría profesional aglutina funciones de auxiliares polivalentes, conserjes y este tipo de perfiles, entre ellas, clasificar y repartir correo, digitalizar documentos, distribuir papel para las fotocopiadoras, algunas tareas de mantenimiento o preparar las salas de reuniones.

Todo el proceso es lento porque la Administración está sujeta a normativas y no puede crear esos puestos y convocarlos inmediatamente. “Primero debe aprobarse un marco general con las convocatorias e incorporar a éste la especifica. El 3 de diciembre de 2018 se aprobó la OPE general que también recogía la dirigida a personas con discapacidad intelectual”, añade.

La aprobación de la OPE fue el pistoletazo de salida, ya que establece un plazo de tres años para materializar la oferta. “Pretendíamos dar prioridad a esta convocatoria, pero cuando comenzamos a redactar las bases reguladoras nos comenzaron a surgir algunas dudas. Nos dimos cuenta de que era importante solicitar la ayuda de las asociaciones para que nos dieran claves sobre cuestiones que desconocíamos, por ejemplo, si teníamos que exigir alguna titulación, el perfil de euskera, cómo debía ser el temario, el tiempo entre las pruebas, si era necesario adaptar a Lectura Fácil toda la documentación… Eran cuestiones nuevas que, de inicio, nos asustaban, pero conocíamos la experiencia positiva de la Diputación Foral de Bizkaia.  Así que contactamos con ella y la colaboración fue estupenda. Nos facilitaron materiales y nos aclararon algunas cuestiones”.

Además del apoyo del ente público de Bizkaia, contaron con Atzegi, Gautena, Ortzadar, GureaK, FEVAS, Ehlabe, Fundación Uliazpi y el Servicio de Valoración de la Dependencia y Discapacidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa. “Creamos un grupo de trabajo para resolver los temas que nos preocupaban. Este Feedback nos ha servido para ahondar en las necesidades de las personas con discapacidad, manteniendo los requisitos legales, a los que estamos obligados como Administración Pública. Éramos conscientes de nuestro desconocimiento y estamos muy satisfechos de esta cooperación, ha sido muy enriquecedora”, concluye Leturiondo.

En estos momentos ha finalizado el proceso de presentación de instancias, se han recibido alrededor de 200 solicitudes, de las que se han admitido 152, y en marzo comenzarán los exámenes y las pruebas para el acceso.

 

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