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Un año después de la reforma de la Constitución, Plena inclusión exige pasar de las palabras a los derechos

Esta semana hace 1 año
que se cambió el artículo 49 de la Constitución.
En el cambio, se quitó la palabra «disminuidos»
y se puso «personas con discapacidad».

El nuevo artículo 49,
además de cambiar esta palabra,
dice que los Gobiernos deben
asegurar la inclusión de las personas con discapacidad
con sus políticas y leyes.

Ahora Plena inclusión exige que se tomen medidas
para que se cumpla este artículo.
El Gobierno debe pasar de las palabras a los hechos.
Debe tomar medidas
para hacer efectivos los derechos
de las personas con discapacidad.

Más información

En el primer aniversario de la aprobación de la reforma del artículo 49 de la Carta Magna, que sustituyó el término «disminuidos» por el de «personas con discapacidad», nuestro movimiento asociativo Plena inclusión insta a los poderes públicos para que transformen  las palabras en acciones concretas.

La modificación del artículo no solo ajustó el lenguaje a los estándares actuales de respeto y dignidad, sino que también incluyó el compromiso de proteger los derechos de las personas con discapacidad mediante el desarrollo de leyes y políticas que garanticen su libertad y derechos fundamentales.

Desde Plena inclusión, instamos a revitalizar este compromiso, asegurando que las intenciones se traduzcan en medidas tangibles que promuevan una inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

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Desde FEVAS apoyamos esta campaña, que invita a reflexionar sobre los prejuicios y reivindica el derecho de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a ser escuchadas y tomar sus propias decisiones.

Nuestro movimiento asociativo Plena inclusión valora positivamente la aprobación por el Consejo de Ministros del Reglamento que desarrolla la Ley de Accesibilidad Cognitiva, aprobada en 2022. Este Reglamento supone un importante avance para garantizar el derecho de todas las personas a comprender la información, los entornos y los servicios y a utilizarlos con mayor autonomía.

Tres de cada cinco hogares en los que viven personas con discapacidad intelectual y del desarrollo presentan algún grado de vulnerabilidad social y económica, según un nuevo estudio publicado por Plena inclusión España en colaboración con la Universidad de Alcalá.

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