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Un informe jurídico de Plena inclusión alerta sobre los efectos indeseados de la Ley 8/2021 en las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y en sus familias

Plena Inclusión ha presentado un informe
sobre la Ley 8/2021.
Esta ley cambia las reglas
sobre la capacidad jurídica
de las personas con discapacidad intelectual
y del desarrollo.

El informe muestra algunos problemas
que la ley está causando.
Estos problemas afectan a los derechos
que las personas con discapacidad ya tenían.
Por ejemplo, pueden perder beneficios fiscales,
ayuda de la Seguridad Social,
y dificultades para acceder
a productos de los bancos.

El informe también ayuda a los abogados
a defender los derechos
de las personas con discapacidad.
Explica las lagunas y problemas de la ley
y cómo pueden solucionarse.

 

Este documento, que analiza el impacto de la Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, pone de relieve el posible retroceso en los derechos adquiridos por las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a la hora de acceder a beneficios tributarios, servicios bancarios o actos jurídicos.

Este informe se basa en la detección de ciertas lagunas en la aplicación de la citada Ley, que están generando situaciones de indefensión en las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y en sus familias. Dirigido a profesionales del derecho, pretende ser un apoyo para cuando ejercen la defensa de los intereses de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

Para ello ofrece un recorrido por las principales lagunas y conflictos normativos que está provocando la interpretación de la Ley 8/2021 por parte de diferentes organismos, y sus consecuencias en el ámbito tributario (pérdida de beneficios fiscales), de la Seguridad Social (pérdida de prestaciones), financiero (dificultades en el acceso y contratación de productos bancarios), laboral (pérdidas de derechos de trabajadores y trabajadoras en convenios colectivos), así como jurídico (falta de acceso al beneficio de la asistencia jurídica gratuita en los expedientes de jurisdicción voluntaria).

Además, el informe ofrece a los y las profesionales del derecho diversas líneas de argumentación y defensa para evitar dichos efectos indeseados de la aplicación de esta Ley, con el objetivo de prevenir todas estas situaciones de indefensión descritas.

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