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10 años de la Ley del Tercer Sector Social de Euskadi. “Esta Ley supuso el reconocimiento jurídico del sector”

Hemos entrevistado a Mikel Barturen,
coordinador de la asociación Sareen Sarea.

En la entrevista, Mikel hace una valoración
de la Ley del Tercer Sector Social de Euskadi,
que se aprobó hace 10 años.

El Tercer Sector Social está formado
por asociaciones, fundaciones
y otras organizaciones
que trabajan para ayudar a las personas
y mejorar la sociedad.
Su objetivo no es ganar dinero.

Mikel explica que esta Ley fue un gran avance.
Gracias a ella, el Tercer Sector Social
fue reconocido de forma oficial.
La Ley también reconoce la labor
que realizan las entidades sociales
para mejorar la vida de muchas personas.

Además, esta Ley ha ayudado a unir al Tercer Sector,
a dar más visibilidad a su trabajo
y a reforzar la colaboración
con las administraciones públicas.

Mikel considera que con esta ley
se han logrado avances importantes.
Sin embargo, todavía quedan algunos temas pendientes.
Por ejemplo, es necesario mejorar
el diálogo y la colaboración
entre el Tercer Sector
y las administraciones públicas.

También es importante contar
con una financiación más estable y suficiente.
Las administraciones deben garantizar
los recursos económicos necesarios
para que el Tercer sector pueda desarrollar su labor.
Esto es muy importante
porque cada vez hay más personas
que necesitan ayuda.

Mikel también explica
que una preocupación del Tercer Sector
es que las ideas de ultraderecha
cada vez están más extendidas en la sociedad.
Son ideas que generan odio
y mucha insolidaridad.
Ponen en riesgo los derechos de las personas.

 

Mikel Barturen Nuño, coordinador de Sareen Sarea, asociación que agrupa a las redes de entidades del Tercer Sector Social de Euskadi.

Con motivo del décimo aniversario de la Ley del Tercer Sector Social de Euskadi, hablamos con el coordinador de Sareen Sarea sobre la importancia de este marco normativo, su impacto en el reconocimiento del sector y los retos que aún quedan por abordar, entre ellos, el de avanzar hacia una financiación más estable, diversificada y sostenible.

Hace ahora diez años se aprobó la Ley del Tercer Sector Social de Euskadi, ¿por qué era necesaria esta Ley?

Partíamos de un sector muy atomizado y diverso. Décadas atrás se había venido articulando por ámbitos y territorios en redes de discapacidad, exclusión, cooperación al desarrollo y otras, que se regían por su figura jurídica (asociación, fundaciones, cooperativas de iniciativa social), pero no había una Ley que definiera jurídicamente al conjunto de las organizaciones de iniciativa social que trabajamos en favor de la inclusión de las personas, familias y colectivos más vulnerables. Y que impulsará su fortalecimiento y la colaboración público-social.

Mirando atrás, ¿qué impacto positivo ha tenido esta Ley en el fortalecimiento del Tercer Sector Social de Euskadi?

El reconocimiento jurídico del sector, que ha dado una mayor sensación de pertenencia y cohesión a una realidad tan diversa. Nos define por lo que somos y como un sector específico. Nos ha dotado de una Estrategia de Promoción del TSSE, del Observatorio Vasco del Tercer Sector Social y mayor visibilización.

¿Qué aspectos siguen pendientes en el desarrollo y aplicación de esta Ley?

El diálogo civil ha tenido un desarrollo desigual en los distintos territorios y estamos trabajando con el Gobierno Vasco para mejorar el funcionamiento de la Mesa de Diálogo Civil de Euskadi, máximo órgano consultivo y de participación institucional del Tercer Sector Social en el ámbito de la Administración General de nuestra Comunidad Autónoma.

Asimismo, en el capítulo de la colaboración público-social, especialmente en lo que respecta a la intervención con las personas, hay aspectos críticos pendientes de desarrollo, como puede ser la concertación social.

¿Qué nuevos retos afronta hoy el Tercer Sector Social que quizá hace diez años eran difíciles de prever o ni siquiera imaginábamos?

En lo que es intrínseco al sector, el reto es avanzar hacia un modelo de financiación más estable, diversificado y sostenible, que permita planificar a medio y largo plazo y superar la dependencia del esquema actual. Especialmente en un contexto en el que crecen, se complejizan y se agravan las problemáticas sociales a las que tenemos que hacer frente. Ahora mismo trabajamos en una futura modificación de la Ley de Servicios Sociales que viabilice un concierto social que reconozca nuestra especificidad.

En lo que respecta a nuestra finalidad, que es promover la inclusión social y el ejercicio efectivo de los derechos de las personas, familias y colectivos más vulnerables, observamos con inquietud el crecimiento global de las posiciones ideológicas ultra. Estas promueven el desmantelamiento del estado democrático y de bienestar, laminan las conquistas sociales del último siglo y mercantilizan los servicios de atención a las personas, con discursos que alientan el odio y la insolidaridad, y políticas que agudizan la desigualdad y la brecha social.

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