Tras la resolución del Tribunal Constitucional de no admitir a trámite un recurso de amparo de la Fiscalía General del Estado que solicitaba la restitución del derecho al voto de una joven gallega con discapacidad intelectual, FEVAS Plena inclusión Euskadi manifiesta su malestar y reclama el derecho al voto para las personas con discapacidad intelectual. Considera que estas sentencias vulneran la Constitución y la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, que señala específicamente: “Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida” (Artº 12 de la Convención)
Se estima que en el Estado alrededor de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto por tener una sentencia de modificación legal de su capacidad y otras muchas que, aún pudiendo legalmente votar, no pueden acceder a la información y el proceso electoral en igualdad de condiciones. Por este motivo, FEVAS Plena inclusión Euskadi insta a las Administraciones y poderes públicos a garantizar en la práctica el ejercicio de este derecho político, para “asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con los demás”, asegurando que “los procedimientos, instalaciones y programas electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar” para todas las personas; e incluso, si es necesario, “permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar” (Artículo 29 de la Convención). Asimismo, la federación vasca solicita facilitar la participación de las personas con discapacidad intelectual en la vida pública y en las elecciones como miembros de las mesas electorales.
En 2011 el movimiento asociativo estatal de la discapacidad intelectual Plena inclusión, del que FEVAS forma parte, llevó a cabo diversas acciones con el fin de sensibilizar sobre la importancia de salvaguardar este derecho. Ahora, y tras la sentencia del Tribunal Constitucional, reactiva esta estrategia con el CERMI y Down España para trasladar esta demanda a los agentes políticos y sociales y al conjunto de la ciudadanía.
Manifiesto por el derecho al voto
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