En Euskadi alrededor de 6.000 personas con discapacidad intelectual esperan ilusionadas el 26 de mayo, día en que podrán votar por primera vez, si así lo desean, en las elecciones al Parlamento Europeo, Municipales y Juntas Generales de los Territorios Históricos. Es el caso de Jose Antonio Amorín y Natalia Orte, que tras la aprobación en el Senado de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, el pasado noviembre, ya no tienen restricciones en este derecho. Natalia asegura estar “muy contenta de que todas las personas puedan votar”, y José Antonio apunta “espero ese día con ilusión, porque somos unos ciudadanos más que tenemos los mismos derechos”.
El derecho al sufragio de estas personas era una demanda que las organizaciones de la discapacidad intelectual veníamos reivindicando desde la ratificación por el Estado español de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (artículo 29). Campañas como “Mi Voto Cuenta”, impulsada por el conjunto del movimiento asociativo Plena inclusión, han sido determinantes para concienciar a las personas con discapacidad intelectual e influir en la clase política para que reconociera legalmente el ejercicio de este derecho.
Una entidad que puso su granito de arena para el logro de esta conquista fue la Fundación Tutelar Usoa, que en 2015 constituyó un grupo de trabajo de personas con discapacidad intelectual con el fin de colaborar con la AEFT en un proyecto para hacer comprensible el proceso de modificación de la capacidad jurídica. Un grupo que continuó reuniéndose para comprender otros conceptos jurídicos y que en más de una ocasión apoyó a quienes decidían emprender el complicado camino de recuperar derecho al voto. Por fortuna, Jose Antonio y Natalia, tutelados de esta Fundación, se ahorrarán estas gestiones; no tendrán que presentar una demanda en el juzgado para modificar su capacidad jurídica, ni pedir los informes médicos y jurídicos que acrediten su capacidad. Al igual que las demás personas solo tendrán que acudir al colegio electoral y depositar el sobre con la candidatura elegida.
Para estas dos personas es importante participar en la vida política. “Hay que votar para poder decidir quién está en el Gobierno y para que las cosas se hagan mejor”, afirma Jose Antonio, quien ya tiene pensado el color de la papeleta que introducirá en las urnas. Natalia también irá a votar, pero previamente quiere saber qué ofrece cada alternativa política, “me quiero informar antes de lo que cada partido va a hacer”.
Para conocer este detalle ambos reclaman programas electorales en lectura fácil. “Con más imágenes, sencillos de entender y con letras grandes”, dice Jose Antonio, a quien también le parece importante que los colegios electorales sigan los criterios de accesibilidad cognitiva.
Al margen de estas cuestiones, ambos tienen claro a qué partido van a otorgar su confianza. Jose Antonio “al que más se implique con la sociedad y más ayude a las personas más necesitadas, al que baje los alquileres sociales y contribuya más con la ciudadanía”, y añade que le gustaría que “los partidos cumplieran lo que dicen en sus programas”.
A la espera de la próxima cita electoral, si algo tienen claro es, en palabras de Natalia, que “los partidos deben ayudar más al que más lo necesita”. La ilusión no va a faltar un día histórico para muchas personas con discapacidad intelectual que por fin podrán decidir el rumbo de su país.
